INFORME "LA OTRA PANDEMIA"

Toledo – El sistema de atención primaria en España ha sufrido dos pandemias: la de la COVID-19, y la de la gestión sanitaria, que ha adolecido de una falta de planificación e inversión suficiente para afrontar la primera, situando este servicio entre el abandono y el desmantelamiento. Así lo denuncia Aministía Internacional en un nuevo informe en el que, aunque se centra en la Comunidad de Madrid, Cataluña y Castilla-La Mancha, la organización teme que esta situación podría estar produciéndose en otros territorios en mayor o menor medida. Las Comunidades Autónomas deben, de manera urgente, incrementar las plantillas de la atención primaria con el fin de alcanzar ratios de profesionales de otros países de la Unión Europea, para hacer frente al aumento del volumen de trabajo y a la campaña de vacunación.

 

Amnistía Internacional lamenta que esta gestión deficiente haya tenido y tenga todavía graves consecuencias sobre el acceso al derecho a la salud en España durante la pandemia, especialmente para las personas más vulnerables, que padecen enfermedades crónicas o que requieren una mayor dependencia del sistema sanitario (aquellas con cáncer, enfermedades cardiovasculares o diabetes, entre otras); las personas mayores, las personas que padecen enfermedades de salud mental, o inmigrantes. También las mujeres, que representan la mayoría de las cuidadoras de las personas enfermas, han sufrido de manera desproporcionada el impacto de una atención primaria desbordada y han hecho frente a una sobrecarga de trabajo y cuidados.

 

A la falta de personal ya existente previo a la pandemia y a la sobrecarga asistencial, así como a las listas de espera en atención primaria, que aunque varían según el centro se sitúan ahora en torno a una semana en algunos casos, se suma el cierre de más de 60 centros y 449 consultorios en Madrid y Cataluña, así como la modificación de protocolos asistenciales y el cambio del modelo presencial al telefónico, que se ha llevado a cabo sin el refuerzo de medios suficientes y sin la información y formación adecuada para pacientes o personal sanitario.

 

Esta situación ha generado múltiples barreras en el acceso a la salud y ha tenido un impacto en personas cuyo retraso en la atención sanitaria podría haber agravado su condición de salud o retrasado un diagnóstico. Además, esta merma en la accesibilidad a centros de salud, la falta de medios suficientes y una gestión de la pandemia que no ha integrado de manera adecuada las necesidades especiales de las personas con patologías no-COVID en la respuesta a la crisis, ha provocado una discriminación indirecta de este grupo de personas.

 

Según una encuesta realizada por la Plataforma de pacientes con enfermedades crónicas sobre el acceso a la atención sanitaria durante la pandemia, al 69% de las personas entrevistadas le cancelaron diversas consultas programadas de manera previa a la crisis por COVID-19, entre las que se encontraban las consultas hospitalarias (46,3%), las del hospital de día (3,4%) y de atención primaria (19,3%). Sólo el 25,3% de las personas a las que se les cancelaron las consultas, tuvieron acceso a los centros de atención primaria una vez finalizado el confinamiento.

Se han desoído así recomendaciones de la OMS y mecanismos internacionales que instaban a reforzar la atención primaria desde el inicio de la pandemia para poder garantizar el derecho a la salud de todas las personas, de manera especial las que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad. De hecho, España está por debajo de la mayoría de los países de nuestro entorno en una ratio de personal médico en atención primaria y de enfermería por 1.000 habitantes de 0,77 y 0,66 respectivamente. Ratios que no han sufrido prácticamente cambios en los últimos diez años y que, en el caso de la de personal facultativo de atención primaria, está muy alejadas de las de países como Portugal, con mejor ratio de Europa (2,6), Irlanda (1,82), Países Bajos (1,61), Austria (1,56) y Francia (1,42). Por su parte, Castilla – La Mancha, está ligeramente por encima de la media española con una ratio de personal médico en atención primaria y de enfermería por 1.000 habitantes de 0,82 y 0,75 respectivamente.

 

«Ningún sistema sanitario podía estar preparado para una pandemia de tal magnitud, pero la estamos afrontando con un sistema de salud muy debilitado como consecuencia de las medidas de austeridad llevadas a cabo en los últimos años, especialmente con respecto a la atención primaria, fundamental para hacer frente a este tipo de crisis”, señala Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España. “España lleva doce años desoyendo las recomendaciones de organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y del Relator Especial ONU sobre el derecho a la salud, que instaban a los Estados a reforzar la atención primaria y destinar el 25 % del total del gasto sanitario a este nivel asistencial; sin embargo en España ha sido más bien al contrario, ésta se ha visto reducida en un 13 % entre 2009 y 2018. Casi un año de pandemia después y con la tercera ola de récord de contagios encima, las autoridades no parecen haber rectificado”, añade.

Mientras, Castilla – La Mancha ha reducido notablemente su inversión en el sistema sanitario público, con una reducción del 18,25 % de la inversión general en sanidad pública y de la inversión en atención primaria del 11,26 % entre 2009 y 2018.

 

“La importancia de la atención primaria ha estado más presente en los discursos institucionales que en las decisiones políticas: la valoración de su capacidad asistencial ha estado ausente en el diseño de las medidas de salud pública. Actualmente, en plena campaña de vacunación, nos encontramos en una situación cercana al colapso”, denuncia Marta Mendiola, responsable de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en Amnistía Internacional España.

 

El retraso en los diagnósticos podría provocar muertes

 

«Estamos viendo enfermedades que no hemos diagnosticado antes. Gente que tenía dolores y ahora tiene metástasis. Lo he visto hace poco con el caso de una señora con cáncer de estómago y un señor con cáncer de colon. Estamos llegando tarde”

María Luz, enfermera de Caldes de Montbui, en Cataluña.

 

Amnistía Internacional señala con preocupación que, aunque todavía es prematuro sacar conclusiones sobre el impacto de la gestión de la pandemia en indicadores de salud de otras patologías, lo cierto es que ya hay algunos informes que señalan ese deterioro. Según datos del Sistema de Monitorización de la Mortalidad diaria (MoMo) desde el inicio de la pandemia se han registrado cuatro periodos con exceso de mortalidad respecto a la estimación esperable, que han dado lugar a que entre marzo de 2020 y febrero de 2021 el exceso de mortalidad ha sido de 81.608 personas. Otro ejemplo es el del Grupo Español de Cáncer de Pulmón (GECP), formado por 500 especialistas de todo el país, que han advertido que la crisis sanitaria provocada por la COVID-19 lastrará hasta un 5% la supervivencia en cáncer de pulmón en España, lo que supondría 1.300 muertes adicionales.

 

“Tengo una compañera que fue a la consulta de su médico por un bulto y al hacerle la ecografía le dijeron que era necesario un estudio más concreto. Pero al pedir cita le dieron para seis meses después. Esta compañera mía tiene un cáncer de mama agresivo con tres tumores en tres partes distintas. Si se espera al mes de abril no quiero ni hablar de lo que hubiese ocurrido, pero ha tenido que acudir a una consulta privada para que le adelantasen los análisis. Esto no se puede permitir. El sistema sanitario está jugando con la vida de pacientes de otras enfermedades no-COVID y a ese juego no estamos dispuestos a contribuir los pacientes”, así relata Maria Luisa, paciente de cáncer y presidenta de la asociación ROSAE de Valdepeñas (organización de mujeres afectadas por el cáncer de mama) un caso que le llegó el pasado mes de octubre.

María Luisa Villafranca, Presidenta de ROSAE, asociación de mujeres afectadas por el cáncer de mama de Valdepeñas (Ciudad Real)

 

Listas de espera eternas, llamadas perdidas, puertas cerradas

Aunque algunas Comunidades Autónomas han tomado medidas, como la contratación de personal éstas no han sido suficientes para atender, con rapidez, el incremento de la presión asistencial que ha supuesto la pandemia, en un sistema que ya contaba con una fuerte sobrecarga y escasez de medios.

Las listas de espera se han incrementado llegando a ser, en algunos casos, de hasta dos semanas. Las cifras oficiales de Cataluña muestran que el 62% de las personas que solicitaban una cita tenían que esperar entre 5 y 10 días para ser atendidas antes de la pandemia. La Comunidad Autónoma de Madrid no ha facilitado esa información a Amnistía Internacional y Castilla-La Mancha afirma haber pasado de una lista de espera en 2019 de 1 a 3 días a una de 3 a 6 días en 2020.

Además, el cierre, al inicio de la pandemia, de más de 60 centros y 449 consultorios en Madrid y Cataluña (y al menos dos en Castilla-La Mancha), y el cambio de modelo presencial de atención al modelo telefónico, sin dotarlo de recursos suficientes y sin informar de manera adecuada a la población ni formar a las y los profesionales sanitarios ha creado barreas en el acceso a la atención sanitaria y dejado a muchas personas en una situación de desamparo, especialmente personas mayores o aquellas con más dificultades para adaptarse a este nuevo modelo.

Federico Armenteros, presidente de la Fundación 26 de diciembre lo explicaba así a Amnistía Internacional: “El centro de Lavapiés cerró, pero yo creía que estaba abierto. Y llamaba y llamaba, pero no me cogían, te salía el contestador con indicaciones por si tenías síntomas de COVID. No se informó a la población. Era una situación alarmante de inseguridad». «En la asociación recibimos muchas llamadas de gente que tenían su centro de salud cerrado y que no sabían a quién acudir porque además las líneas estaban colapsadas. La sensación a nivel asistencial era de ir apagando fuegos sin control e improvisar” relata Sandra Canudas de la Associació de Diabetis de Catalunya (ADC).

El castillo, como denominan algunas personas usuarias a los centros de salud, según ha contado a AI una médica de Barcelona, era muy difícil de atravesar, especialmente en los primeros meses de la pandemia, y eso, sumado al miedo al contagio, ha tenido como consecuencia que muchas personas evitaran las consultas médicas.

«Tengo un caso de una chica de 33 años que durante la pandemia le costó contactar conmigo y estuvo dos semanas con un problema que no le parecía muy grave, que era que el ojo se le iba cerrando. No consultó nunca a urgencias y a las dos semanas, cuando consiguió dar conmigo, nos dimos cuenta de que tiene un tumor cerebral. Es un ejemplo de que somos un pilar fundamental para la atención de las personas», lamenta Carol, una médica de Cataluña.

Otros pacientes se quejan de que muchas de las consultas médicas no pueden ser atendidas por teléfono: “Una consulta telefónica para que te receten paracetamol, puede valer. Pero para que te hagan una revisión de una mama, como le ha pasado a alguna compañera, que le han dado radioterapia y le querían hacer la revisión de la mama telefónicamente, eso no vale” protesta María Luisa, de ROSAE.

 

Un personal sanitario exhausto enfrentándose a nuevas olas y a la campaña de vacunación

 

“Queda la cicatriz, sabemos que podemos responder con más experiencia, pero somos más frágiles.”

Concha Piqueras, presidenta del Colegio de Enfermería de Albacete.

 

El abandono del sistema de Atención Primaria que denuncia Amnistía Internacional también se extiende al personal sanitario, que ha llevado a cabo su labor arriesgando su seguridad y bienestar, y sufriendo, sobre todo al inicio de la pandemia, una falta de medios de protección que colocó a España, en abril, como el país europeo con más cifras de contagio en el sector en Europa y que hasta el momento ha dejado 89 profesionales fallecidos y 123.603 personas contagiadas. Según datos del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam), en la primera mitad de 2020 hubo 2.470 sanitarios contagiados, de los cuales 13 fallecieron. De éstos, 568 contagios y 8 muertes fueron de personal de Atención Primaria.

Algunos y algunas profesionales han acudido a visitar a personas enfermas en su tiempo libre debido a que la atención domiciliaria se ha visto afectada seriamente, o han realizado llamadas con sus propios teléfonos personales con el objetivo de hacer frente a la saturación de las líneas.

“Como responsables del cuidado, cuando vemos que, a pesar de que no paras de hacer llamadas, de quedarte más horas de trabajo, no llegas a todo, irte a casa, conduciendo, llorando porque no has llegado a cuidar a alguien a quien puedes llevar mucho tiempo cuidando, y estar en tu coche pensando ‘no he llamado a Juana, ¿cómo estará?’ Y al día siguiente la llamas y Juana tiene dolor… La frustración que ha llevado el personal sanitario ha sido tremenda: ¿por qué no han puesto más profesionales?”, se lamenta Alda Recas, presidenta de la Asociación Madrileña de Enfermería (AME).

Un sistema ya infradotado de personal que ha visto cómo la sobrecarga asistencial de los profesionales sanitarios ha llegado a alcanzar en muchos centros cifras de hasta cien pacientes al día por personal facultativo. Las mujeres sanitarias en general y, en especial, las que tienen personas dependientes a su cargo han sufrido de manera especial esa sobrecarga.

Una encuesta realizada por la AME a 1.025 profesionales enfermeras durante la pandemia reveló que el 94% de ellas estaban preocupadas por su bienestar, el 64,7% por su salud física y el 75,8% por su salud mental. La misma encuesta indicó que más del 90% de las enfermeras participantes decían tener ansiedad y angustia y más del 85%, estrés.

 

Susana Arenas, médica rural en Toledo y miembro de SEMERGEN

 

Mujeres y doble discriminación

 

Las mujeres, que representan el 75% de las cuidadoras de personas enfermas han soportado de manera especial la quiebra de la atención primaria, al asumir los cuidados de salud que una atención primaria desbordada no podía proporcionar. Asimismo, las mujeres han sufrido un incremento de la violencia de género durante la pandemia en un contexto en el que el sistema de atención primaria, uno de los niveles que se ha demostrado que es eficaz para la lucha contra este tipo de violencia, podría no estar teniendo los medios suficientes para detectar estos casos.

 

Además, las mujeres inmigrantes en situación administrativa irregular han visto cómo se han incrementado las barreras de acceso al sistema público de salud durante la pandemia: “Muchas mujeres inmigrantes han vivido un estigma: no han consultado, incluso encontrándose mal, porque tenían miedo, al no tener contrato, de que les dijéramos que se tenían que quedar en casa 14 días, algo que no se lo podían permitir porque eran las únicas que llevaban dinero a casa en pandemia” afirma Carol, médica en Cataluña. “Una chica interna cuidadora inmigrante vino con síntomas, fui a registrar la petición de PCR y vi que no estaba en el sistema. No le pude hacer la PCR” explica Agustina, médica en Castilla-La Mancha.

 

«Aún estamos a tiempo de revertir esta situación si se toman medidas adecuadas para fortalecer la capacidad asistencial de la atención primaria, tanto en recursos humanos como en infraestructuras y recursos materiales. Pero no podemos dejar pasar ni un día más: necesitamos alcanzar el porcentaje del 25% del total del gasto sanitario público tal y como recomienda la OMS», señala Esteban Beltrán. Amnistía Internacional tiene en marcha la campaña “#LaOtraPandemia” y lleva recogidas más de 140.000 firmas para exigir el refuerzo de la sanidad pública.